Política de Inmigración en la UE

ESCOCIA Y CATALUÑA. PROCESOS INDEPENDENTISTAS EN EL SIGLO XXI.

José Antonio Perea Unceta, Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales UCM

2014020517464084027El título de esta conferencia es ESCOCIA Y CATALUÑA. PROCESOS INDEPENDENTISTAS EN EL SIGLO XXI, pero lo cierto es que este título podría haber tenido varias líneas más, añadiendo procesos se
cesionistas, consolidados o en vías de hacerlo, como la República Turca del Norte de Chipre, Kosovo, Crimea, Transnistria, Osetia del Sur, Abjasia, Nagorno Karabaj, o Lugansk, Donets o Jarkov, sin salir de Europa; o territorios en los que hay más o menos importantes movimientos  secesionistas como el País Vasco, Ulster, Flandes, Córcega o la Padania italiana, en Europa, y otros muchos fuera de ella, como los movimientos nacionalistas de Groenlandia, Puerto Rico, Quebec, Somalilandia, Kurdistán, Aceh en Indonesia, los Karen de Birmania o los tamil de Sri Lanka.

Estos ejemplos demuestran que la dialéctica entre los Estados y los pueblos sigue vigente en el siglo XXI, pese a los procesos recientes de integración regional y globalización. Lo que diferencia a este fenómeno del que era protagonista hace cincuenta años es que entonces los pueblos movilizados eran los sometidos a dominación colonial, mientras que los que hoy dan guerra (en algunos casos literalmente) son otro tipo de pueblos, que en Europa solemos denominar minorías nacionales y que en otros continentes se llaman también en determinados casos poblaciones indígenas.

Para comprender en su auténtica dimensión el régimen de libre determinación de los pueblos como Escocia o Cataluña hay que distinguir el plano político del jurídico, y en éste diferenciar entre el voluntarismo jurídico -el derecho que nos gustaría que existiera- y el estado real de esta institución jurídico-internacional. Esta es la primera dificultad con la que nos encontramos cuando analizamos esta cuestión: evitar una aproximación política que oculte o tergiverse la realidad jurídica.

La segunda dificultad no es menor que la anterior, y, de hecho, la condiciona enormemente. ¿Por qué? Porque el principal problema que nos encontramos es la imprecisión de la norma que lo regula y la falta de práctica internacional que nos proporcione una interpretación esclarecedora del régimen jurídico de la libre determinación de los pueblos no coloniales. Esta indefinición de la institución jurídica favorece que no haya una opinión doctrinal unánime, ni siquiera general, y que las posturas gubernamentales sean consecuencia de sus intereses coyunturales en cada caso en que se plantea, como nos han demostrado las situaciones de Kosovo o Crimea.

A este respecto, es importante señalar que cuando existe una controversia jurídica sobre el contenido de una institución, e incluso, como en este caso, sobre su mera existencia, son muy fáciles las manipulaciones políticas, ya sea para negarla, sin más, o para aplicarla sin tener en cuenta sus requisitos y condiciones.

Avisados sobre estas dificultades, sobre las que volveré más adelante, entiendo que para comprender este tema hay que hacer un análisis sistemático de la autodeterminación:

1º) en sus diferentes vertientes (interna y externa),

2º) teniendo en cuenta su desarrollo histórico,

3º) incardinándolo en los principios estructurales del sistema internacional (al menos de  tres: soberanía estatal, protección de los derechos humanos y libre determinación de los pueblos; aunque dejamos los de solución pacífica de las controversias y prohibición del uso de la fuerza, conviene tenerlos a mano)

y 4º) distinguiendo claramente el plano político y el jurídico en cada estadio de desarrollo.

La autodeterminación interna consiste en el derecho de cada pueblo de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico social y cultural, como dicen la Resolución AG 1514 (XV) de 1960 y la Resolución AG 2625 (XXV) de 1970. Es un concepto jurídico derivado del principio de soberanía estatal, estructural y primero del ordenamiento jurídico internacional, que consagra la independencia política y la integridad territorial de los Estados. El desarrollo de la autodeterminación interna ha llevado a la formulación del denominado principio democrático, que en el Derecho internacional se mueve en el plano político más que en el jurídico, ya que no inspira una obligación universal. La autodeterminación interna, como veremos, se encuentra constantemente y especialmente al final con ella.

En cuanto a la autodeterminación externa, surge en el plano político en el s. XIX con dos formulaciones: Por un lado, los movimientos independentistas en los dominios españoles en América permiten formular un cierto principio de la descolonización, y por otro, los nacionalismos de Europa central y oriental se articulan en el denominado principio de las nacionalidades.

Esto nos permite distinguir los dos supuestos básicos de la libre determinación.

Por un lado, los pueblos sometidos a dominación colonial, caracterizados por la separación geográfica, la diferenciación (étnica, cultural, administrativa, política, económica o histórica) y la situación de subordinación. Es el tipo actual de la Polinesia Francesa (donde están Tahití y Bora Bora) y otros 16 territorios (1), y también de unos 110 actuales Estados que antes fueron colonias (de Reino Unido, Francia, España, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos o Estados Unidos). A este tipo se asimilan también los pueblos sometidos por el uso de la fuerza, como es el caso de Palestina. De esos 17 territorios coloniales, llamados “no autónomos”, algunos son, como lo fue Hong Kong o lo es Gibraltar, del subtipo denominado “enclaves territoriales”, con algunas diferencias en su régimen jurídico(2).

Y por otro lado tenemos las llamadas minorías nacionales, caracterizadas por residir y ser ciudadanos de un Estado en el que se integran, por mantener lazos durante un largo tiempo con el mismo, por tener diferencias étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas, por ser suficientemente representativas en un territorio determinado de ese Estado y tener una parte no mayoritaria de su población, y por querer preservar su identidad común. Este es el tipo de Escocia y Cataluña. Y tiene un subtipo muy específico que son las poblaciones indígenas, con características propias y un emergente régimen especial (3). También hay un buen número de Estados surgidos en el último siglo que antes eran minorías nacionales, como Sudán del Sur, Eritrea, la República Checa, Eslovaquia, Siria, Líbano, Irak, Albania, Finlandia, Irlanda, Bangladesh y todos los países ex yugoslavos y ex soviéticos.

El primer principio –el de la descolonización- ha tenido un desarrollo muy distinto al segundo –el de las minorías nacionales-. En la época de la Sociedad de Naciones ninguno de los dos tuvo una auténtica plasmación jurídica. Aunque se crearon los mandatos sobre los territorios árabes que habían sido del Imperio Otomano y sobre dominios coloniales alemanes (4), no se hizo sobre la convicción de un derecho de libre determinación. Y las actuaciones respecto de las minorías nacionales lo fueron sobre todo para protegerlas de la discriminación y más por razones de seguridad internacional que basándose en un convencimiento de la promoción de los derechos humanos.

Sin embargo, es en el sistema de las Naciones Unidas donde se distancian en mayor medida. El principio de libre determinación de los pueblos se formula en la Carta de las Naciones Unidas como un principio estructural, adquiriendo un auténtico valor jurídico, aunque restringido a los pueblos coloniales y aunque efectivo en 1945 sólo en relación con aquellos mandatos de la Sociedad de Naciones, los territorios coloniales segregados ahora de los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial (5) y los puestos voluntariamente bajo ese régimen fiduciario (6), que se denomina de los “territorios autónomos”. No obstante, este régimen jurídico se amplía en la Resolución AG 1514 (XV) de 1960 y en otras posteriores a todos los pueblos sometidos a dominación colonial, los llamados en la CNU “territorios no autónomos”.  En virtud de este régimen la autodeterminación se concibe como un derecho de todos los pueblos coloniales (o sometidos por la fuerza), las potencias coloniales tienen el deber de respetarlo y no pueden usar la fuerza para impedirlo ni menoscabar su integridad territorial, los demás  Estados tienen el deber de asistir a los pueblos en su lucha por la descolonización, y esos pueblos pueden usar la fuerza para conseguirlo. Las formas de autodeterminación son: independencia, estado libre asociado o integración en el Estado, a lo que se añade la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida; el procedimiento: mediante un referéndum de autodeterminación (aplicación primaria de aquel principio democrático).

Este derecho de libre determinación de los pueblos es considerado un derecho humano fundamental de carácter colectivo, inspirado por el principio estructural del mismo nombre, que se formula en la CNU junto, entre otros, con el de soberanía estatal y con el de protección de los derechos humanos. Es en este último ámbito, el de la protección de los derechos humanos, donde se sitúan en un principio los derechos de las minorías nacionales. Así se hace, por ejemplo, en el Artículo 27 del Pacto de Nueva York de 1966 sobre Derechos Civiles y Políticos, donde se dice: En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

Esto es así hasta que en la Resolución AG 2625 (XXV) de 1970 se extiende el derecho de la autodeterminación a todos los pueblos, sometidos o no a dominación colonial.

En uno de sus párrafos se dice, después de exponer el contenido del principio de libre determinación de los pueblos:

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color.

Por cierto, este párrafo es el único régimen jurídico del asunto que tratamos hoy.

A esta disposición se la denomina “cláusula de salvaguardia”, porque en apariencia es –y aquí volvemos a la autodeterminación interna- una excepción al principio de la soberanía estatal -que consagra la integridad territorial de los Estados- pero exclusivamente para aquellos Estados que no se conduzcan de forma democrática.

Un parte de la doctrina –a la que me adscribo- considera que los pueblos al margen de las situaciones coloniales o de dominio por uso de la fuerza son titulares del derecho de libre determinación pero tienen limitado su ejercicio a la existencia de unas condiciones muy estrictas. Estas condiciones son: gobierno representativo y no discriminación. Hay autores que cualifican aun más la excepcionalidad de la medida restringiéndola a los casos de violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos de ese pueblo (teoría de la opresión o de la secesión como remedio).

El problema es que para una parte de la doctrina –y para la mayoría de los Gobiernos, si bien es cierto que según las circunstancias- sólo es un principio político. A su consideración como una plena institución jurídica tampoco ayuda que en la misma ONU y en los sistemas regionales, como en el Consejo de Europa, se haya continuado protegiendo a las minorías nacionales en el ámbito estricto de los derechos humanos, previniendo su discriminación y defendiendo su derecho a la diferenciación, por ejemplo lingüística, sin reconocerles (ni negarles) el ejercicio pleno de su libre determinación y expresando que su régimen jurídico ha de realizarse preservando la integridad territorial de los Estados (7). Así ha ocurrido en la Declaración 47/135 sobre los derechos de las minorías, adoptada por la AG de la ONU el 18 de diciembre de 1992; el Acta de Helsinki 1975, de la CSCE(8); la Carta de París para una Nueva Europa de 21 de noviembre de 1990 (9); la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992; la Recomendación 1201 (1993) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por la que se aprobaba el Protocolo Adicional sobre Derechos de las Minorías al Convenio de Roma de 1950; o el Convenio de Protección de las Minorías Nacionales de 1995, también del Consejo de Europa.

Teniendo como norma sólo esas pocas líneas de la Resolución 2625 la práctica internacional es determinante para conocer si esta norma ha tenido una cierta aplicación o ha caído en desuso con el paso del tiempo. Por eso es tan relevante estudiar los casos que se nos presentan, Escocia y Cataluña, y los otros planteados en los últimos cuarenta años. Si bien es cierto que desde que se adopta esa Resolución en 1970 la práctica internacional ha sido desigual y poco concluyente.

En efecto, la comunidad internacional ha permitido -y en ocasiones promovido- la secesión sin consenso, como en los casos de Bangladesh (1971) o Eritrea (1993), en ambos casos con fundamento en una discriminación y opresión por parte respectivamente de Pakistán y Etiopía. Pero en otros casos no, como en la permanencia de Mayotte como posesión francesa segregada del nuevo Estado de Comoras (1974) o en la proclamación de la República Turca del Norte de Chipre (1975).

En el desmembramiento de la URSS admitió la secesión primero de Estonia, Letonia y Lituania en 1990, por entender que, aunque contestada por el gobierno soviético, por un lado suponía la restauración de la independencia de los Estados ocupados por la fuerza en 1940, y por otro se hacía en aplicación de la Constitución de la URSS de 1977 (el Artículo 72 decía: Cada República federada conserva el derecho de separarse libremente de la Unión Soviética) y de la Ley del Soviet Supremo de 7 de abril de 1990 que establecía las condiciones para la secesión de las repúblicas federadas. Y posteriormente de los otros nueve Estados surgidos de la disolución acordada por el Tratado de Belavezha de 8 de diciembre de 1991 entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania, y por el Protocolo de Alma-Ata, de 21 de diciembre de 1991, con éstos y Armenia, Azerbaijan, Kazakistán, Kirgizistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán; y posteriormente en 1992 Georgia. Pero no ha respaldado las secesiones efectivamente producidas en Transnistria (Moldavia, 1990), Osetia del Sur (Georgia, 1991), Nagorno-Karabaj (Azerbaiyán, 1991) y Abjasia (Georgia, 1992); y otras fallidas, como la de Chechenia (Rusia, 1996).

Esta doctrina es coherente con la Declaración CPE de Bruselas de 16 de diciembre de 1991 sobre al reconocimiento de nuevos Estados en Europa del Este y Unión Soviética, en la cual la Comunidad Europea y sus Estados miembros confirman su adhesión a los principios del Acta Final de Helsinki y de la Carta de París. Se acepta implícitamente el principio de autodeterminación en relación con el desmembramiento de Estados europeos, lo que supone admitir su aplicación en territorios evidentemente no coloniales. Sin embargo, cuando establece las condiciones para su ejercicio también exige a los nuevos Estados la garantía de los derechos de los grupos étnicos y nacionales, así como de las minorías, de conformidad con los compromisos suscritos en el marco de la CSCE, y afirma el respeto de la inviolabilidad de los límites territoriales, que sólo pueden ser modificados por medios pacíficos y de común acuerdo. Es decir, después de aquel reconocimiento vuelve a situar a las minorías en el contexto de los derechos humanos, como si la libre determinación de los pueblos sólo se pudiera realizar en un primer grado (como ya prescribía la constitución soviética, para las repúblicas federadas) y no de forma sucesiva dentro de los nuevos Estados.

En la disolución de Yugoslavia se permitió la aparición de nuevos Estados entre 1991 y 1992: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia; pero no de las entidades inferiores a las repúblicas federadas promovidas por los serbocroatas, serbobosnios, bosniocroatas, albaneses de Macedonia o albanokosovares en esas mismas fechas.

La Comisión Badinter, el órgano creado por la Comunidad Europea para asesorar a las partes al inicio del conflicto yugoslavo en la Conferencia de Brioni, en su Opinión nº 2 de 11 de enero de 1992, a la pregunta de si los serbios de Croacia y Bosnia-Herzegovina tienen derecho a la libre determinación, comienza afirmando que el Derecho internacional no tiene respuesta para todas las implicaciones del derecho de libre determinación, para posteriormente defender que este derecho no puede suponer cambios en las fronteras de los Estados salvo acuerdo entre ellos conforme al principio del uti possidetis iuris, que saca sorpresivamente del contexto colonial para aplicarlo en estas situaciones europeas. Lo que implica que se reconoce la autodeterminación (aunque sea de hecho) exclusivamente para las ex repúblicas federadas yugoslavas y por tanto en sus fronteras internas mutuas. Por eso añade, refiriéndose a otros supuestos, que los grupos que constituyen comunidades étnicas, religiosas o lingüísticas dentro de esos Estados tienen el derecho, solo, al reconocimiento de su identidad, y a la protección de sus derechos humanos (10).

Para terminar de arreglar esta aplicación desigual, el Tribunal Internacional de Justica, en su opinión consultiva de 22 de julio de 2010 sobre la conformidad con el Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo, en lugar de ofrecernos una interpretación actualizada del derecho de autodeterminación fuera del contexto colonial, simplemente nos dice que las declaraciones de independencia no están prohibidas en el Derecho internacional general ni tampoco contradicen las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad en el marco de la administración internacional de Kosovo, resoluciones que, por cierto, preservaban la integridad territorial de Serbia.

Podríamos añadir la casuística en relación con los referéndums auspiciados internacionalmente pero no hay tiempo. Y poco más. Esto es lo que sobre esta cuestión dice el Derecho Internacional.

Por lo que podemos adelantar una conclusión respecto de Cataluña, y es que como no es una colonia (baste decir que no hay separación geográfica) sólo puede acogerse al régimen de las minorías nacionales, régimen que es controvertido en materia de un posible derecho de secesión y que en cualquier caso exige discriminación y no representación, si no opresión, condiciones que obviamente no se cumplen en el caso catalán.

A partir de aquí no hay más en el Derecho Internacional y sólo nos queda ir al Derecho comparado, es decir, a  lo que se ha hecho en el ámbito interno de los Estados. Pero lo cierto es que casos como Irlanda del Norte, Quebec o Escocia lo que nos demuestran es que hay poco Derecho y mucha política.

Y en este estado de la institución es donde se plantean los casos de Escocia y de Cataluña. Aunque lo primero que hay que señalar es que son dos supuestos diferentes, porque responden a realidades políticas e históricas nada comparables que han dado lugar a soluciones políticas –que no jurídicas- dispares.

Escocia está unida a Inglaterra por un acuerdo entre los dos Estados existentes en el siglo XVIII (Tratado de 16 de enero de 1707, conocido como Union Act) y voluntariamente el Gobierno del Reino Unido aprobó hacer en Escocia un referéndum con una pregunta inequívoca establecida por aquél, de cuyo resultado dependería un proceso posterior de reforma constitucional que llevase a la secesión de Escocia.

Se trata de un proceso de autodeterminación pactado, que coincide, en cierta forma, con el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 20 de agosto de 1998 sobre la cuestión del referéndum independentista de Quebec. Según este Tribunal, la secesión sólo está permitida en el Derecho Internacional cuando un pueblo no colonial es objeto de discriminación y opresión en su Estado (como decía la Resolución 2625 en su interpretación más restrictiva), y en lo que respecta al sistema constitucional canadiense, no está prevista la secesión de sus territorios. Establecido el derecho aplicable, opina el Tribunal –en un plano político- que Canadá es una federación voluntaria de sus provincias (Ley de América del Norte Británica de 1867) y que no es conveniente para el conjunto del Estado que permanezca nadie en él sin una voluntad de hacerlo. Por ello propone (no dispone) que se negocie un marco jurídico para todo el Estado que posibilite la secesión, pero con una serie de condiciones: una pregunta clara, una mayoría relevante y un régimen de protección de las nuevas minorías resultantes. Esto dio lugar a la  Ley nº 26 de Claridad de 29 de junio de 2000 (Clarity Act).

Visto el Derecho Internacional y muy resumidamente el Derecho comparado, ¿qué es lo que se ha hecho en el caso de Cataluña?

Las instituciones del Estado han mantenido en diferentes instancias (Gobierno, Cortes Generales, Tribunal Constitucional…) que el titular de la soberanía nacional es el pueblo español y que las normas nacionales no prevén la posibilidad de que una Comunidad Autónoma pueda celebrar un referéndum en el que los ciudadanos de la misma decidan la secesión de España y en consecuencia la ruptura de su integridad territorial. Lo cierto es que no se ha abundado en el hecho de las normas internacionales tampoco contienen esta previsión para pueblos no coloniales o para minorías nacionales que no están discriminadas ni oprimidas.

Sin embargo, el Gobierno autonómico de Cataluña ha defendido un denominado “derecho a decidir”, con fundamento que debería ser necesariamente internacional al no haber nacional, pero que enmarcan en un descarnado principio democrático, como ya en su momento hicieron en el País Vasco con el Plan Ibarretxe, que por cierto insistía más en el Derecho internacional, aunque también con una interpretación muy sesgada. Este principio democrático sirve de base para convocar en primera instancia una denominada “consulta” y –ante su imposibilidad legal- después otro sucedáneo “participativo”, en el que se pretende preguntar si se quiere que Cataluña sea un Estado y, en caso afirmativo, si se quiere que sea un Estado independiente.

Hay que advertir que se están utilizando intencionadamente de forma errónea o imprecisa estos términos. El llamado “derecho a decidir” no existe en los textos internacionales. En el sistema internacional se reconoce el “derecho a la libre determinación” o “derecho de autodeterminación”; no hay nada que se denomine “derecho a decidir”. La razón der utilizar este neologismo se debe, posiblemente, al intento de crear una subespecie en el régimen general de la libre determinación de los pueblos que derive no de las normas de la autodeterminación externa sino de la autodeterminación interna. El mantra nacionalista es que el derecho a votar sobre esta cuestión deriva del principio democrático que consagra la Constitución, sin mencionar mucho el Derecho Internacional porque no es una obligación general en este ordenamiento. A este respecto olvidan que, como consta en numerosos documentos internacionales, la democracia no es sólo la realización de elecciones libres y periódicas, sino también la efectividad del Estado de Derecho, esto es, del cumplimiento de la legalidad vigente y del sometimiento de las Administraciones Públicas al control judicial. Olvidan, como decía el dictamen canadiense ante esta misma alegación por Quebec que la democracia existe en el contexto de otros valores constitucionales.

También se recurre a otra imprecisión intencionada. ¿Por qué “consulta” y no “referéndum” o “plebiscito”? Porque los requisitos de los referéndums auspiciados y supervisados por los organismos internacionales pueden no resultar del agrado de los promotores de la consulta catalana, por ejemplo en cuanto a la integridad del censo o en relación con las mayorías necesarias (que suelen ser cualificadas) o respecto de los efectos verticales de los resultados obtenidos, que podrían implicar, como en algunos supuestos internacionales, la separación del nuevo Estado de los territorios en los que sus habitantes se hayan pronunciado en contra de la secesión o que no hayan tenido una mayoría suficiente a favor de ésta. Y porque en caso de mantenerse la integridad territorial, se imponen medidas de protección de las nuevas minorías resultantes, para que no sean discriminadas, por ejemplo, en el uso de su lengua.

Por último, la pregunta debe ser clara. Una mayoría clara en respuesta a una pregunta clara, decía el dictamen sobre Quebec. En Escocia, el Gobierno británico impuso una prueba fiable (fair test) respecto de una expresión concluyente (decisive expression).

En este caso, distinguir entre “Estado” y “Estado independiente” es realmente confuso, porque estas categorías no existen, así diferenciadas, en el Derecho Internacional. En este ámbito hay entidades que son “Estados” y otras que no lo son, como los “pueblos”, pero todos los “Estados” –así expresados sin apellidos-  por definición han de ser independientes, porque sus Gobiernos han de gozar de plena soberanía para ejercer sus competencias discrecionales respecto de su territorio y su población sin injerencia de los demás Estados. Si no, no hay “Estado”. La trampa reside –entiendo- en usar  una distinción propia del régimen de libre determinación de los pueblos, “Estado libre asociado”, que es el pueblo (como los de Puerto Rico, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte o Niué) que en referéndum optan por esta forma de relacionarse con o dentro de su Estado, y que propia y realmente no es un “Estado”, porque no es soberano, pero que conserva –ahí está la clave- el derecho a secesionarse en un futuro si lo estiman oportuno, como, por ejemplo, en Puerto Rico, de tal forma que si no se obtiene en primeria instancia una mayoría suficiente, se puede volver a intentar sucesivamente hasta lograrla, porque ya solo depende de la voluntad del estado libre asociado.

 Para concluir con mi intervención, y a la espera de las preguntas u observaciones que quieran hacer, quisiera añadir que si bien el secesionismo catalán no tiene ningún recorrido jurídico en lo que respecta al procedimiento plebiscitario, debemos estar prevenidos porque nada les impide hacer una declaración unilateral de independencia, que sería ilegal en el orden interno español, que no es ilegal en el ordenamiento internacional según el Tribunal de La Haya, y cuya efectividad dependerá de dos cuestiones de hecho siendo la primera imprescindible, porque la segunda no es constitutiva jurídicamente: que España deje de ejercer la administración de Cataluña y que la comunidad internacional reconozca a este nuevo Estado. Creándose así, de hecho, un nuevo Estado.


1 Sáhara Occidental (Marruecos); Gibraltar, Anguila, Bermudas, Caimán, Malvinas, Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Santa Elena y Pitcairn (Reino Unido); Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam y Samoa Americana (Estados Unidos); Nueva Caledonia y Polinesia (Francia); y Tokelau (Nueva Zelanda).

2 Principalmente que la autodeterminación lo es respecto del Estado del que son enclaves geográficos (por ejemplo España en el caso de Gibraltar) y que no cabe la independencia como forma de autodeterminación.

3 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.

4 El sistema de mandatos se recogía en el Artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919, que distinguía tres categorías de mandatos: provincias segregadas del Imperio Otomano (Palestina, Siria y Mesopotamia), derrotado en la Primera Guerra Mundial y que darían lugar a los mandatos franceses y británicos de Palestina, Siria, Líbano e Irak conforme a lo acordado en el Acuerdo Sykes-Picot de 1916; las colonias de Alemania en el África Central, Estado también derrotado en esta guerra, que conformarían los mandatos, también británicos y franceses, de Togo, Camerún y Tanganica o África Oriental; y otros territorios que habían sido también colonias alemanas pero eran objeto de disputas, como el África Suroccidental (actual Namibia) y algunas islas del Pacífico (Nueva Guinea, Samoa, Marshall, Palau, Carolinas y Marianas).

5 Sólo un territorio de los Estados derrotados en la Segunda Guerra Mundial, concretamente la Somalia italiana, fue sometido a este régimen, de tal modo que fueron once los incluidos en la administración fiduciaria, al añadirle diez mandatos pendientes de la Sociedad de Naciones.

6 Togo, Somalia italiana, Camerún, Tanganika, Ruanda-Urundi, Samoa Occidental, Naurú, Nueva Guinea y las islas de Micronesia, Marshall, Marianas del Norte y Palau. Los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria terminaron en 1994 con la independencia de Palau.

7 Una de los escasos documentos en los que se ha reiterado la previsión de la Resolución AG 2625 (XXV) de 1970 es la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, de Viena, de 25 de junio de 1993.

8 En el Principio VII: Los Estados participantes en cuyo territorio existan minorías nacionales respetarán el derecho de los individuos pertenecientes a tales minorías a la igualdad ante la ley, les proporcionarán la plena oportunidad para el goce real de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, de esta manera, protegerán los legítimos intereses de aquéllos en esta esfera. Distinguiendo en el Principio VIII, Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos:  Los Estados participantes respetarán la igualdad de derechos de los pueblos, y su derecho a la libre determinación

9 Reafirmamos la igualdad de derechos de los pueblos y su derecho a la autodeterminación de conformidad con la  Carta de las Naciones Unidas y con las normas pertinentes del derecho internacional, incluidas las referentes a la integridad territorial de los Estados. Se añade después, abundando en la doble categoría: Decididos a promover la valiosa aportación de las minorías nacionales a la vida de nuestras sociedades, nos comprometemos a mejorar más su situación. Reafirmamos nuestra profunda convicción de que las relaciones amistosas entre nuestros pueblos, así como la paz, la justicia, la estabilidad y la democracia, exigen que la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías nacionales sea protegida, y que se creen las condiciones para promover esa identidad. Declaramos que las cuestiones relacionadas con las minorías nacionales sólo pueden resolverse satisfactoriamente en un marco político democrático. Reconocemos asimismo que los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales deben ser plenamente respetados como parte de los derechos humanos universales

10  Conforme a lo establecido en el Convenio adoptado para esta cuestión en la Conferencia de La Haya, celebrada bajo los auspicios de la Comunidad Europea en septiembre de 1991, y que hace referencia a los textos de la ONU, de la CSCE y del Consejo de Europa.

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