El profesor Iñigo Sagardoy explica la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre indemnización por fin de un contrato temporal

Iñigo Sagardoy, abogado y profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UFV, explica la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre indemnización por fin de un contrato temporal. El profesor explica el impacto que esta sentencia podría tener en la normativa laboral española en materia de contratación.

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                                                                                                            Foto: archivo Efe

El artículo, publicado en El Mundo, es el siguiente:

“La reciente -y ya muy famosa- sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de septiembre de 2016 sobre indemnización por fin de un contrato temporal ha producido una auténtica conmoción en los medios laborales y sociales, volviendo reabrir un debate -siempre permanente en nuestro mercado de trabajo- respecto a la dualidad de la contratación laboral en nuestro país. Arrimando cada uno el ascua a su sardina, se han multiplicado las interpretaciones y análisis, muy dispares entre sí, sobre el impacto que dicha sentencia pudiera tener en la normativa laboral española en materia de contratación, y lo que es más importante, sobre los efectos disuasorios para las empresas en seguir formalizando contratos de trabajo de uno u otro tipo, con los perjuicios que ello pudiera conllevar en materia de empleo. Y esto último, iniciado el camino de la recuperación del mercado de trabajo, sí que no nos lo podemos permitir.

Creo interesante, por ello, realizar unas reflexiones generales sobre dicha sentencia, a falta de nuevos pronunciamientos judiciales en el ámbito europeo o el nacional que, a buen seguro, podrán darnos mayor luz sobre este asunto peliagudo.

En primer lugar, antes de entrar de lleno en el contenido de esta interesante resolución judicial, conviene señalar como punto de partida que no hay que perder de vista dos datos: la regulación de la contratación laboral española es prácticamente idéntica a la del resto de los países europeos, existiendo contratos de duración determinada e indefinidos (en ningún país existe el llamado contrato único), con distintos regímenes legales en temas tan importantes como periodos de prueba, duración y, por supuesto, indemnizaciones. En la mayoría de países europeos (hay excepciones, como en Portugal, por ejemplo), las indemnizaciones referidas a extinción de contratos son diferentes si trata de contratos temporales e indefinidos. En segundo lugar, al igual que sucede con nuestros homólogos, predomina la contratación indefinida sobre la temporal (en España el 75% de los trabajadores asalariados dispone de un contrato fijo, y el resto temporal, siendo este régimen la excepción).

Bajo estas premisas, conviene abordar ya el contenido de la sentencia. Dos ideas básicas se contienen en la misma: una, la regulación sobre indemnización por despido está sometida a la prohibición de tratamiento discriminatorio entre trabajadores temporales y fijos; dos, la legislación nacional no puede establecer una indemnización por extinción de un trabajador interino diferente a la de un trabajador fijo despedido por causa objetiva. Así las cosas, la sentencia ofrece inicialmente varios puntos de reflexión y duda sobre su contenido y alcance real, por lo que conviene efectuar las siguientes conclusiones con una lectura sosegada:

1. La sentencia se refiera a un caso concreto de un contrato de interinidad -hecho en el ámbito público-, cuya regulación data de 1980 (nada tiene que ver con la reforma laboral, como se ha dicho). Contrato temporal atípico utilizado mucho en la Administración Pública para cubrir temporalmente vacantes, o la empresa privada para cubrir bajas temporales de trabajadores o procesos de selección. A diferencia del resto de contratos temporales, este tipo de contratos no tienen indemnización por fin de su término.

2. La trabajadora afectada por el litigio en cuestión demandó por fraude de ley en la contratación cuando terminó su contrato (al producirse la reincorporación de la trabajadora sustituida) y el Tribunal español que juzgaba el caso (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) aprecia que el contrato de interinidad ha sido correctamente celebrado pero plantea ante el TJUE si es conforme al derecho comunitario la norma española que excluye la indemnización por extinción del contrato temporal de interinidad en tanto que sí se reconoce una indemnización cuando se trata de la extinción por causas objetivas (despido objetivo por causas económicas, técnicas, productivas y organizativas) de contratos indefinidos.

3. La sentencia del TJUE no se refiere ni compara a los interinos con otros tipos de contratos temporales. Expresamente se señala que “las posibles diferencias de trato entre diversas categorías de personal con contrato de duración determinada (…) no están incluidas en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado por dicho Acuerdo marco” (parágrafo 38). Por ello, no puede extraerse de la sentencia la necesidad o exigencia de que la norma nacional o los tribunales españoles contemplen o prevean una indemnización por la extinción del contrato de interinidad en los mismos términos que se indemniza la extinción de otros contratos temporales. Dicho de otra forma, no se puede concluir que las indemnizaciones del resto de los contratos temporales por llegada de su término (en nuestra legislación 12 días de salario por año de servicio) deban aplicarse automáticamente al contrato de interinidad.

4. La sentencia del TJUE parte para su construcción de un dato erróneo derivado, sin duda, de la forma de planteamiento de la cuestión prejudicial. Es necesario precisar que en nuestra actual legislación la extinción de un contrato temporal de forma anticipada, a través de un despido por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas…) conlleva el abono de la indemnización legalmente establecida para un contrato indefinido. De este modo, la posible diferencia de regulación entre contratos temporales e indefinidos en este punto no existe. En suma, la sentencia confunde la extinción por causas objetivas, es decir, despido objetivo (cuyo tratamiento debe ser idéntico al margen del carácter temporal o indefinido del contrato, tal y como ocurre en el ET), de la extinción del contrato temporal de interinidad por cumplimiento de la condición a la que nace sometido.

5. Así las cosas, una recta interpretación del pronunciamiento no permitiría una interpretación extensiva que llevase a la conclusión de que todos los contratos temporales deben tener una misma indemnización, porque la sentencia expresamente lo excluye; ni de que los contratos temporales e indefinidos deben tener una misma indemnización (contrato único por imposición judicial, como se está señalando en algunos foros) cuando la extinción se produce por causas objetivas, porque ya la tienen en la actualidad. Una interpretación que debe considerarse técnicamente más precisa es que lo que la sentencia viene a establecer, atendidas las circunstancias del caso, es que cuando la extinción de un contrato de interinidad se produce con amparo al hecho enjuiciado en dicha sentencia, la misma no puede efectuarse por simple terminación del contrato sin derecho a indemnización, sino que deberá acudirse a la vía del despido objetivo lo que dará lugar a una indemnización legalmente establecida para dicha extinción como si de un contrato indefinido se tratara (20 días). De ahí la equiparación de las indemnizaciones.

6. En cuanto a la eficacia real de la sentencia del TJUE, dependerá de la interpretación que de la misma se efectúe. No obstante, es importante tener presente que la sentencia tiene efecto directo, exclusivamente, sobre el caso enjuiciado que, como venimos señalando, resuelve sobre una concreta e individualizada cuestión. Los jueces españoles deberán, por tanto, continuar aplicando el derecho actualmente vigente.

Finalmente, debido a la inseguridad creada (al objeto de evitar numerosos litigios) y en el deseo de una mayor estabilidad en el empleo, sin que existan retrocesos en el apetito de seguir contratando por parte de las empresas, quizá es el momento de que el legislador efectúe las adaptaciones necesarias a la normativa comunitaria. En este sentido, es muy elocuente el pacto al que se llegó recientemente por parte de PP y Ciudadanos que, en la buena dirección, aboga por una reducción de la complejidad en materia de contratación y en una progresiva asimilación -al alza, que no a la baja- de las indemnizaciones por extinciones de contratos temporales e indefinidos, anticipándose premonitoriamente a esta sentencia que tanto revuelo ha ocasionado.”

Iñigo Sagardoy de Simón es abogado y profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Francisco de Vitoria.

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